Exhorta diputado local a contraloría estatal, la ASEH ASF, seguir investigación contra administración municipal pasada de Huejutla

Pachuca.- Como resultado de las constantes quejas de los habitantes de Huejutla, el diputado local de Morena Fortunato González Islas presentó un acuerdo económico por el cual exhorta a la ASEH, a la Secretaría de Contraloría del Gobierno estatal y a la Auditoría Superior de la Federación, para que sigan con una revisión a fondo de las irregularidades detectadas en la cuenta pública de 2020 de la administración pública del ex alcalde de Huejutla de Reyes, Raúl Badillo Ramírez.

El legislador, señaló que desde su campaña y ahora como diputado local, prácticamente a diario los habitantes de Huejutla le externan, su repudio a los actos de corrupción a la administración municipal de Raúl Badillo, por las obras de mala calidad o supuestamente concluidas y que no existen, pero, sobre todo, le han manifestado su indignación de que no se haga nada al respecto hasta el momento.

Aseguró: “En concreto, lo realizado por la administración pública municipal del expresidente Raúl Badillo Ramírez, fue un monumento a la ineficiencia, la corrupción y la impunidad, sin duda palabras fuertes, pero que reflejan claramente lo que me manifiestan los habitantes del municipio de Huejutla”.

Manifestó que por todo lo anterior, decidió presentar un acuerdo económico ante el pleno del congreso del estado, para que dichas instituciones realicen una revisión exhaustiva a la fiscalización de los recursos erogados para la obra denominada Puente Vado en Rancho Viejo, así como a los contratos otorgados a Grupo inmobiliario Constructor Treci S.A. de C.V. durante la administración municipal de 2016–2020, así como la comprobación de las obras realizadas por la citada constructora.

Pidió también, que se promuevan las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales derivadas de las revisiones, así como a promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos y los particulares, a las que se refiere el Título Décimo de la Constitución Política del estado y presentar denuncias y denuncias penales correspondientes.

(Jaime Arenalde/LineaxLinea)