El 25 de noviembre de 2023, un grupo de mujeres colocó en Plaza Juárez la AntimonumentA, un símbolo de resistencia contra la violencia feminicida en Hidalgo. La estructura, erigida gracias a la solidaridad ciudadana, no tardó en convertirse en un estorbo para el gobierno estatal. En menos de 24 horas, fue retirada sin previo aviso. La justificación oficial fue el “ordenamiento del espacio público”.
No era la primera vez que el Estado intentaba borrar la memoria de las víctimas. Un año antes, un memorial instalado en el mismo lugar corrió la misma suerte. Pero la historia de silenciamiento no termina ahí. Este 7 de marzo, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, la AntimonumentA se erigió nuevamente en un acto de resistencia, esta vez en el Parque Hidalgo, lejos del centro político de la entidad.
La memoria que incomoda
La AntimonumentA no busca honores ni reconocimiento. Su función es denunciar la impunidad y exigir justicia para las mujeres asesinadas por razones de género. En contraste con los monumentos tradicionales, que celebran héroes y gestas gloriosas, esta estructura representa el duelo, la indignación y la deuda del Estado con las víctimas.
En Hidalgo, solo 2 de cada 10 asesinatos de mujeres son clasificados como feminicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El resto son registrados como homicidios dolosos o culposos, lo que minimiza la gravedad del problema y reduce las posibilidades de justicia para las víctimas y sus familias.
La paradoja de la Paloma de la Paz
El Parque Hidalgo, donde hoy se alza la AntimonumentA, fue hogar de otro símbolo: la Paloma de la Paz, un monumento hecho con armas de fuego fundidas, recolectadas por la 18ª Zona Militar como un gesto contra la violencia. Sin embargo, con el tiempo, la paloma perdió sus alas. Sus armas desaparecieron y, con ellas, el mensaje que pretendía transmitir.
El destino de la Paloma es un reflejo de la crisis de seguridad en Hidalgo. En 2016, el 9.1% de los feminicidios en el estado fueron cometidos con armas de fuego; para 2023, la cifra aumentó a 31.6%. La violencia que pretendía erradicarse con aquel monumento terminó consumiéndolo.
La deuda del Estado con las mujeres
El feminicidio no es un hecho aislado. Es la consecuencia de un sistema que tolera la violencia de género en todas sus formas: abuso sexual, trata de personas, hostigamiento y violencia familiar. Más del 60% de las víctimas de estos delitos en Hidalgo son mujeres y niñas.
Colectivas y activistas han exigido a las autoridades un plan de acción que incluya el fortalecimiento de las órdenes de protección, la creación de juzgados mixtos de resolución penal y familiar, y la implementación de protocolos para atender la violencia doméstica antes de que escale a un feminicidio.
Sin embargo, el Estado sigue sin escuchar. Prefiere remover memoriales antes que enfrentar la realidad. Mientras tanto, las víctimas siguen acumulándose, y con ellas, la indignación de una sociedad que se niega a olvidar.
“¡Nada sin las víctimas, nada sin la sociedad civil!”, claman las mujeres en la AntimonumentA.