Pachuca.- Luego de afirmar que ante desastres naturales como los ocurrido en los últimos meses, semanas y días en lugares como la capital del estado, Tula de Allende, Ixmiquilpan y Mineral de la Reforma, no se debe improvisar, la legisladora local del PAN, Claudia Lilia Luna Islas, presentó una iniciativa dotar de sustento jurídico al Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales.
Después de dar a conocer que a actualmente y tras la desaparición del Fonden, el fondo en Hidalgo opera con 140 millones de pesos en caja, sin sustento normativo alguno, por lo que se desconoce su aplicación, dijo que en la propuesta se plantea la adición de tres nuevos artículos a la Ley de Protección Civil del Estado: 20 Bis, 20 Ter y 20 Quater. Aseguró que, estos artículos establecerían al fondo como un instrumento público permanente, regulado y supervisado por el Comité Estatal de Emergencias. “La medida busca asegurar que haya recursos disponibles de forma inmediata ante fenómenos naturales que amenacen a la población y su patrimonio”.
Al destacar que de acuerdo con datos del INEGI, en 2022 se registraron más de 45 mil eventos de emergencia en el país, y para entonces Hidalgo no contaba con un plan formal de protección civil”, por lo cual añadió que, el artículo 20 Ter fija cinco áreas prioritarias para el uso de los recursos: ayuda directa a personas afectadas, operación de refugios temporales, compra de insumos y equipos de emergencia, rehabilitación de infraestructura pública y ejecución de acciones preventivas o de mitigación. Luna Islas explicó que el objetivo es tener capacidad de reacción eficaz y sostenida, y no depender de decisiones administrativas momentáneas o improvisadas.
A su vez, el artículo 20 Quater detalla las fuentes de financiamiento del fondo, las cuales abarcan desde el presupuesto estatal hasta aportaciones federales, cooperación internacional y otros ingresos legales. La legisladora enfatizó que esta iniciativa no implica una nueva carga financiera, ya que el fondo ya existe; lo que se busca es su regulación para garantizar su permanencia y transparencia.
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