Pachuca, Hgo.- Organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas y activistas de derechos humanos exigieron la destitución de Ana Karen Parra Bonilla, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), por considerar que ha banalizado la agenda de derechos humanos, revictimizado a poblaciones vulnerables, desacreditado las críticas ciudadanas y mostrado incongruencias éticas y legales durante su gestión.
Las firmantes señalaron que la presidenta ha desatendido temas urgentes, como el acceso al agua, la tierra y el territorio, al priorizar otros asuntos como los derechos de los animales, lo que consideran una banalización del enfoque de derechos. Denunciaron también que, pese a realizar una consulta para construir un plan de trabajo en colaboración con organizaciones, no ha establecido mecanismos reales de articulación ni seguimiento, lo que ha generado desconfianza y ha debilitado la relación con la sociedad civil.
Acusaron actos de revictimización, como la simulación de experiencias migratorias durante la presentación de un protocolo para policías, en donde personal de la Comisión, incluida la titular, escenificó las vivencias de personas en situación de movilidad, lo que fue calificado como una burla a la crisis migratoria. Además, denunciaron la publicación de videos en redes sociales donde aparecen niñas, niños y adolescentes sin consentimiento, lo que vulnera su derecho a la privacidad.
Las organizaciones también reprocharon la falta de investigaciones propias que documenten la realidad actual de los derechos humanos en el estado, ya que la administración se ha limitado a reproducir informes heredados de gestiones anteriores. A esto sumaron el incumplimiento legal en la renovación del Consejo Consultivo, la falta de impulso a reformas legislativas clave como una ley de protección para personas defensoras y la omisión de presentar el informe anual ante el Congreso local en 2024, como exige el artículo 188 del reglamento de la CDHEH.
Señalaron también que Ana Karen Parra ha firmado documentos oficiales ostentando el grado de “maestra”, sin que dicho título esté registrado en el Registro Nacional de Profesionistas, lo que genera dudas sobre la veracidad de sus credenciales académicas y su conducta ética. Afirmaron que, ante las críticas ciudadanas, la presidenta ha respondido con descalificaciones, negándose al diálogo y acusando a organizaciones de incurrir en chantaje, lo que calificaron como una estrategia para desacreditar la participación cívica.
Criticaron además la tibieza y falta de contundencia en sus posicionamientos públicos frente a hechos donde existen indicios de violaciones graves a derechos humanos por parte del Estado, como la represión del 8 de marzo, la revictimización de la adolescente Abril, el feminicidio de Rosaura, la violencia institucional contra migrantes y el reciente uso de la fuerza en San Agustín Tlaxiaca para retirar comerciantes. Consideraron que estas omisiones representan una forma de respaldo o justificación implícita a los abusos de poder, lo que deja en situación de indefensión a personas y comunidades.
Con base en estos argumentos, las organizaciones entregaron este martes una solicitud formal de destitución al Congreso del Estado, a la cual acompañaron con una protesta simbólica. En el documento, solicitaron que se inicie el procedimiento correspondiente para retirar del cargo a Parra Bonilla, al considerar que su permanencia debilita la función del organismo y pone en riesgo el derecho a la defensa.
Exigieron que la persona que ocupe la presidencia cuente con una trayectoria comprobada en derechos humanos, ética profesional, sensibilidad social y voluntad de trabajar en conjunto con la sociedad civil. Reiteraron su disposición para ampliar la información y presentar evidencia que respalde su solicitud.
Entre los colectivos firmantes se encuentran la Barra de Abogadas A.C., la Colectiva Feminista Hidalguense, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C., la Red TDT, la Colectiva Mujeres del Tule, así como activistas independientes de trayectoria estatal y nacional.