Frente a un escenario de señalamientos graves, organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas, activistas independientes y familiares de víctimas alzaron la voz este martes para denunciar lo que califican como una crisis institucional al interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH). A las puertas del organismo, colocaron pancartas, mensajes y un conjunto de documentos que formalizan sus quejas y evidencian un patrón de omisión, revictimización, acoso laboral e incapacidad administrativa bajo la gestión de su actual presidenta, Ana Karen Parra Bonilla, de quien exigen la renuncia inmediata.
Entre las organizaciones convocantes se encuentra Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (Seiinac), encabezada por Alan Javín Álvarez Ríos, y Rafael Castelán Martínez. También participaron representantes de la Barra de Abogadas A.C., el Centro de Investigación, Transparencia y Atención Ciudadana A.C., la Colectiva Feminista Mujeres del Tule, así como activistas como Adriana Jiménez Patlán, Alejandra Quintanar Montalvo y Martha Canseco González, quienes se sumaron al llamado colectivo por una transformación urgente en la institución.
Durante el acto público, se entregaron denuncias ante el Órgano Interno de Control de la CDHEH, que señalan faltas administrativas graves, como abuso de funciones, revictimización institucional y omisión sistemática ante violaciones públicas a derechos humanos. Entre los casos denunciados destacan la inacción frente a represiones policiales en municipios como Mineral de la Reforma, Actopan, Mixquiahuala, Metztitlán y San Agustín Tlaxiaca, así como la falta de respuesta ante protestas ciudadanas reprimidas violentamente en Pachuca y la carretera México–Pachuca.
Acoso laboral y miedo dentro de la propia Comisión
Uno de los testimonios más contundentes fue el de integrantes y extrabajadores de la propia CDHEH, quienes, aunque no todos se manifestaron públicamente, enviaron sus quejas de forma anónima por temor a represalias y falta de mecanismos de protección interna. Se denunció un clima persistente de acoso laboral, rotación injustificada de personal y ausencia de protocolos internos frente a estas problemáticas.
“La gente que aquí trabaja vive una vulneración constante de sus derechos laborales, pero el temor a ser despedidos o revictimizados los mantiene en silencio”, expusieron las organizaciones, quienes también exigieron al Congreso del Estado una reunión formal para entregar el informe ampliado con pruebas, testimonios y análisis institucional. Asimismo, invitaron a más personas con experiencias similares a llenar un formulario que busca recopilar nuevos casos no atendidos o desestimados por la Comisión.
Uno de los documentos clave, titulado “Análisis del Desempeño de la CDHEH a Partir del Monitoreo de Fuentes Públicas”, revela que la Comisión no ha iniciado quejas de oficio en los casos más visibles de abuso policial. También expone que la supervisión penitenciaria se ha vuelto ineficaz, con una sobrepoblación del 124.1% en cárceles municipales, falta de atención médica, hacinamiento y escaso cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el propio organismo.
Descontrol administrativo y deterioro institucional
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) ha emitido observaciones alarmantes sobre la gestión administrativa de la CDHEH. De acuerdo con su más reciente informe, las observaciones pasaron de 3 en 2022 a 12 en 2024, con más de 51 millones de pesos en fondos federales mal clasificados, vehículos inexistentes sin dar de baja, y un colapso del control interno.
Además, se señala la ausencia total de mecanismos de evaluación de desempeño, alta rotación del personal y una incapacidad institucional para catalogar ingresos y bienes. “Si la Comisión no puede ordenar su funcionamiento interno, es impensable que pueda exigirle a otras instituciones el cumplimiento de sus recomendaciones”, señalaron representantes de la Red TDT, ddeser Hidalgo y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
En medio de este colapso institucional, las y los manifestantes acusaron que la presidenta Ana Karen Parra Bonilla ha desviado la función del organismo hacia una narrativa institucional lejana a las víctimas, y que su permanencia representa un riesgo para la defensa de los derechos humanos en el estado. Exigen, además de su renuncia y una disculpa pública, la intervención directa de la CNDH y el compromiso del Congreso local para garantizar una Comisión autónoma, funcional y empática.
“Hoy la defensa de los derechos humanos no puede seguir siendo simulada. La ciudadanía organizada está aquí para exigir verdad, justicia y transformación real”, concluyeron al cierre de la protesta.