Pachuca, Hgo.- Hidalgo mantiene una estrategia de combate a la corrupción basada en denuncias penales, auditorías, fiscalización y mecanismos de vigilancia ciudadana, informó la Secretaría de Contraloría estatal, luego de que la entidad registrara nuevos indicadores en materia de percepción y prevalencia de prácticas indebidas.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, en Hidalgo se reportó una prevalencia de corrupción de 21 mil 452 personas por cada 100 mil habitantes, cifra que, según autoridades estatales, también refleja un incremento en la denuncia y visibilización de conductas irregulares en trámites y servicios públicos.
El titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales, señaló que existe una diferencia entre la corrupción que permanece oculta y aquella que es detectada, denunciada y sancionada por las instituciones.
Indicó que, desde el inicio de la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, el gobierno estatal ha fortalecido mecanismos de control y seguimiento, lo que ha derivado en más de 90 denuncias penales relacionadas con posibles irregularidades en el ejercicio público.
Asimismo, detalló que la estrategia incluye recuperación de recursos públicos, inhabilitaciones administrativas, auditorías directas a municipios, supervisión ciudadana en obra pública y herramientas tecnológicas para fiscalización en tiempo real.
La dependencia también informó que diversos servidores públicos y exalcaldes han enfrentado procesos legales derivados de investigaciones por posibles anomalías administrativas y financieras.
Bardales explicó que muchos de los indicadores de percepción están vinculados con experiencias cotidianas de la población en trámites, servicios, áreas de atención y actuaciones individuales de funcionarios, por lo que consideró necesario fortalecer la cultura de legalidad y transparencia institucional.
Como parte de estas acciones, el gobierno estatal impulsa el denominado Modelo Hidalgo Honesto, enfocado en control preventivo, digitalización gubernamental, participación ciudadana, transparencia y mecanismos de sanción administrativa.
El funcionario aseguró que el objetivo no solo es sancionar irregularidades del pasado, sino reducir prácticas indebidas que afectan de manera directa a la ciudadanía en actividades y servicios cotidianos.