Tlahuelilpan, Hgo.- Han pasado más de seis años desde que una fuga de combustible en un ducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Tlahuelilpan, Hidalgo, se convirtió en una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente del país. El incendio, que cobró la vida de 138 personas, incluidos 13 adolescentes y 10 mujeres y dejó a otras 13 con heridas graves, sigue dejando profundas heridas en la comunidad, no solo humanas, sino también ambientales y sociales.
Ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha hecho público un Informe Especial que documenta las acciones, omisiones y consecuencias del evento, exigiendo al Estado mexicano asumir con mayor responsabilidad su deber de proteger los derechos humanos, garantizar la seguridad, y remediar el daño provocado tanto a las víctimas como al entorno natural.
Un día marcado por el desabasto y la desesperación
El 18 de enero de 2019, en medio de una crisis nacional por el desabasto de gasolina, se detectó una toma clandestina en el poliducto Tuxpan-Tula. Alrededor de las 14:30 horas, unas ocho personas ya recolectaban combustible cuando la noticia se difundió por redes sociales. En menos de una hora, más de 800 personas habían llegado al sitio, atraídas por la posibilidad de obtener gasolina de manera gratuita.
Aunque un contingente de fuerzas federales, incluyendo elementos de la entonces Gendarmería, la Sedena y la Policía Militar, llegó al lugar, sus esfuerzos fueron insuficientes para dispersar a la multitud. La presión del ducto hizo que la fuga se intensificara, y a las 18:52 horas ocurrió la explosión que arrasó con la vida de decenas de personas en segundos.
Un informe que exhibe fallas estructurales
El documento elaborado por la CNDH expone que, aunque PEMEX cuenta desde 2018 con un plan contra el robo de hidrocarburos —con participación de Sedena, Guardia Nacional y otras dependencias—, este ha demostrado ser ineficiente, desarticulado y ajeno a una visión de derechos humanos.
Según el informe, la infraestructura de los ductos es obsoleta, con mantenimiento deficiente y tecnología de detección limitada. La respuesta institucional, tanto antes como después del siniestro, se caracterizó por la falta de coordinación, prevención y atención integral a las víctimas.
La CNDH advierte que PEMEX tenía pleno conocimiento del riesgo que representaban las tomas clandestinas y no adoptó las medidas necesarias para prevenir una tragedia como la ocurrida en Tlahuelilpan. Además, destaca que hasta la fecha no existe un plan de remediación ambiental para la zona afectada, ni se han implementado campañas masivas para advertir a la población sobre los riesgos de manipular combustible.
Falta de justicia ambiental y atención a sobrevivientes
En el aspecto ambiental, el informe documenta que a más de seis años del incendio, ninguna autoridad federal, estatal ni municipal ha presentado acciones claras de recuperación del suelo ni se ha acercado a las comunidades para informar sobre posibles daños a la salud o al entorno. Esta omisión representa una violación directa al derecho humano a un medio ambiente sano.
Además, la CNDH recomendó que PEMEX, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), garantice atención médica, psicológica y de rehabilitación para los sobrevivientes, y que se establezca un programa de reparación individual y colectiva.
Propuestas concretas, acciones pendientes
Entre las propuestas más relevantes que la Comisión dirigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno destacan:
Elaborar un plan de remediación ambiental en la zona, con participación de la comunidad. Diseñar e implementar campañas de sensibilización sobre el riesgo del robo de combustible. Capacitar y certificar al personal de PEMEX en manejo de hidrocarburos y derechos humanos. Someter la operación de ductos a Evaluaciones de Impacto Ambiental y estudios de riesgo. Coordinar acciones con la FGR para fincar responsabilidades penales y recuperar daños económicos.
La CNDH subraya que el Informe no solo busca señalar omisiones, sino también ofrecer una hoja de ruta para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse, y enfatiza que el transporte de hidrocarburos, por su riesgo inherente, requiere medidas extraordinarias de prevención y control.
“Nunca más”: un llamado a la memoria y la acción
A pesar del tiempo transcurrido, la tragedia de Tlahuelilpan sigue siendo una herida abierta. La falta de justicia, reparación y garantías de no repetición coloca a los sobrevivientes y a sus familias en un limbo institucional.