El informe de auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2024 en Hidalgo, puso en evidencia el desorden que en el manejo de los recursos públicos ha prevalecido en municipios como Tepeapulco y Tizayuca de manera especial, pero en el caso de Actopan, donde en ese año tuvieron cuatro alcaldesas y un encargado de despacho, las turbulencias políticas y el permanente conflicto al interior del cabildo, también fue la oportunidad para que alguien se enriqueciera aprovechándose del caos; al menos así lo parece cuando se aprecia que son, casi 32 millones de pesos los que aún falta por comprobar en qué se gastaron o simplemente a dónde fueron a parar.
De acuerdo al informe, el municipio deberá solventar 20 millones 184 mil 918 pesos del gasto público, cifra a la que habrá que sumar 11 millones 753 mil 481 pesos que en la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan (CAASA) se encuentran prácticamente desaparecidos; Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno; Karina Vargas García, María del Socorro Apátiga Calvo e Imelda Cuellar Cano gobernaron Actopan en el 2024, pero la actual alcaldesa, que se encuentra políticamente confrontada con su antecesora, ni de chiste le dará oportunidad de acceder a los archivos contables para poder solventar las observaciones realizadas por los auditores, así que este asunto dará mucho de qué hablar si deriva en una denuncia de carácter penal.
Karina Vargas “gobernó” de febrero a abril, gracias a un nombramiento espurio que le otorgó el cabildo de manera mayoritaria; pero una vez que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo determinaron que dicha posición le correspondía a la alcaldesa suplente, se le dio posesión a María del Socorro Apátiga Calvo que permaneció en el cargo de abril a junio, lapso en el que se quejó permanentemente de que “no la dejaban gobernar”; hasta que Tatiana Ángeles reasumió funciones, dejando los últimos días de la administración en manos del secretario municipal Juan Manuel Pacheco Cruz que terminó la gestión como encargado de despacho y entregó el gobierno a Imelda Cuellar. Hoy tienen 30 días para solventar los casi 32 millones de pesos y, si no lo hacen, alguna de ellas podría ir a dar incluso a la cárcel. Hagan sus apuestas.
FGR, LO CORRIERON…
Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, anunció este fin de semana que se exigió su renuncia al menos a 15 delegados de la fiscalía (FGR) en igual número de estados, lo que significa una de las reestructuraciones más grandes al interior de la institución desde que Alejandro Gertz Manero, hoy embajador en el Reino Unido, fue sustituido del cargo por andarse metiendo con los hijos del verdadero mandamás de la 4T y atreverse a investigar el asunto del huachicol fiscal, que -por mucho- es el mayor caso de corrupción en la historia de México, asunto que se dio en la era de morena y el obradorato.
Entre los corridos y que hoy deberá “tener su oficina limpia para entregarla”, se encuentra el -hasta ayer- delegado de la FGR en Hidalgo, José Guadalupe Franco Escobar, ex-procurador de justicia en Colima, de donde también fue corrido y ex-delegado de la FGR en el estado de Querétaro.
También les dieron su “sabadazo” a los delegados de la FGR en Ciudad de México, Michoacán y Nuevo León, a quienes se les requirió “su renuncia inmediata”, aunque la oficina de Ernestina Godoy no dio a conocer los motivos de dichos cambios; pero al interior de la fiscalía predomina entre el personal, la versión de que las destituciones obedecen a las presiones del gobierno norteamericano por limpiar a la institución, combatir la corrupción y deshacerse de quienes por acción u omisión permitieron el crecimiento de los cárteles del crimen organizado, así que también echarán fuera a los delegados de San Luis Potosí, Jalisco, Tamaulipas, Nayarit y Durango, entre otros.
LEY DE PERIODISTAS…
El viernes 27 de febrero culminaron en Pachuca, las actividades de la 9ª Semana del Periodismo México 2026, organizada por la Fundación para la Comunicación y el Periodismo; Y al igual que como ocurrió en el 2018, 2019, 2020 y en cada uno de los encuentros que se realizan de manera anual, las voces de los reporteros y de algunos de los ponentes, coincidieron en la vulnerabilidad con la que se ejerce el oficio en Hidalgo, la precariedad salarial y económica, pero sobre todo en la necesidad de que se cuente ya, con una ley de protección a periodistas cuya aplicación sea efectiva, pues la norma existente desde el 2012, sigue en condiciones inoperantes, carente de reglamento y sin la integración de los órganos necesarios para el funcionamiento del mecanismo.
Desde el 2024 se encuentra en manos del Congreso del Estado una iniciativa para la nueva Ley de Protección a Periodistas, surgida de la necesidad de reformar lo aprobado en el 2012 y derivada de muchas mesas de trabajo y la realización de foros cuyos resultados se encuentran en el documento presentado por la diputada Tania Eréndira Meza Escorza, en la tribuna de la LXVI legislatura que encabeza el diputado presidente de la junta de gobierno Andrés Velázquez Vázquez y, aunque la comisión de legislación ya ha emitido un dictamen a favor de la misma, su aprobación continua siendo un pendiente.
La Semana del Periodismo, evento que en cada edición cobra mayor importancia, ha sido el foro en el que cada año se demanda lo mismo y también el espacio en el que de manera insistente se ha señalado que en el 2005, cuando el secreto profesional se elevó a rango constitucional y en el 2012, cuando se aprobó la Ley de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo, que actualmente se encuentra obsoleta, Hidalgo se ubicaba a la vanguardia en dicha materia, ahora es una de las entidades más atrasadas.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
DE REFILÓN: Como ocurre cada que se acerca un proceso electoral, las encuestas a modo y los “trajes a la medida” para favorecer al que paga, abundan previo a la asignación de candidaturas; pero conviene distinguir entre estudios formales y ejercicios digitales. Recientemente se dio a conocer un sondeo atribuido a la firma MaxMkt, levantada entre dos mil internautas, lo que resulta muy diferente a las encuestas aplicadas casa por casa y sujetas a muestras probabilísticas, criterios estadísticos y representatividad poblacional.
Limitarse a sondear únicamente a quienes se encuentran conectados a la red y hacerlo de manera anónima, probablemente no refleje una opinión conjunta del electorado, sino únicamente la de un segmento digital. Estudios como ese abundarán en los próximos meses, pero los electores deberán verificar si se trata de una encuesta científica y sujeta a una metodología estadística, antes de dejarse llevar por el canto de las sirenas.