Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, se suma a una campaña que vulnera la presunción de inocencia, afirman defensores.
En el estado de Hidalgo, un proceso judicial por presunto abuso sexual infantil ha derivado en una compleja trama de acusaciones cruzadas, pugnas familiares, intereses económicos y presunta manipulación política en la que incluso está involucrada la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La denuncia original fue presentada en 2022 por Aylén Trejo Leal en contra de su hermano Arturo Williams Trejo Leal, su esposa Bertha Eva Medina, la diputada local de Morena Alhelí Medina Hernández —cuñada de Arturo—, su hermana Itzshell Trejo y el esposo de esta. A todos se les acusó del delito de violación contra dos menores de 8 y 11 años, hijas de Jacqueline Trejo, quien según peritajes presenta conductas erráticas y antecedentes de maltrato hacia sus hijas junto a su pareja, conocido como “El Chino”.
De acuerdo con los documentos que obran en la carpeta de investigación 20-2022-00190, en marzo de 2023 un juez local dictó auto de no vinculación a proceso, resolución confirmada por una sala del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo. No obstante, un amparo promovido por los denunciantes fue resuelto a su favor por un juzgado federal en Sinaloa, lo que permitió reactivar el caso y solicitar nuevas órdenes de aprehensión.
La defensa de los acusados sostiene que las menores fueron utilizadas para fabricar señalamientos falsos, con respaldo de intereses políticos y una campaña mediática que incluye menciones manipuladas en conferencias mañaneras. Destacan que las periciales médicas y psicológicas descartan indicios de abuso físico o emocional y sugieren que las menores fueron coaccionadas por su madre. Un punto crítico es la detección de Virus del Papiloma Humano en una de las niñas con un tiempo de incubación que no coincide con los hechos imputados, lo que —según la defensa— apunta hacia una línea de investigación no explorada.
La diputada Alhelí Medina ha sido incluida en el caso pese a no haber convivido con las menores, hecho documentado. Su inclusión, aseguran, responde a un conflicto por la sucesión testamentaria en la familia Trejo Leal, donde Aylén ha sido señalada por falsificación de firmas.
El caso escaló políticamente durante la mañanera de Claudia Sheinbaum, donde se acusó a los implicados de formar parte de una red de pornografía infantil y trata.
Lq secretaria Rosa Icela Rodríguez respaldó las acusaciones, lo que, según los implicados, constituye una violación directa a la presunción de inocencia y refleja una grave intromisión del poder político en un proceso judicial.
La defensa denuncia que actores políticos de alto nivel, han intervenido en el caso para debilitar a figuras cercanas al gobernador Julio Menchaca, como la familia Trejo Medina, advierte que las próximas decisiones procesales están siendo presionadas por una campaña de linchamiento mediático, judicial y político que, más allá del fondo legal, exhibe el uso de menores para fines de venganza y cálculo político.