Pachuca, Hgo.— Organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron que alrededor de 40 mil niñas, niños y adolescentes en Hidalgo podrían quedar en mayor vulnerabilidad ante la iniciativa presentada en el Congreso local por el diputado José Luis Rodríguez Higareda, la cual propone eliminar del Código Penal estatal el delito de reclutamiento infantil.
El posicionamiento, dirigido a legisladores y a la opinión pública, cuestiona que la propuesta se sustente en una supuesta “armonización legislativa” con la Ley General en materia de Trata de Personas, sin considerar señalan la complejidad del fenómeno en el contexto local.
De acuerdo con las organizaciones firmantes, el reclutamiento de menores no debe entenderse únicamente como una modalidad de trata, sino como una forma autónoma de violencia, vinculada directamente con la utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Por ello, advirtieron que eliminar su tipificación específica implicaría invisibilizar el problema y limitar la capacidad de respuesta institucional.
En el documento se expone que, a nivel nacional, entre 145 mil y 250 mil menores se encuentran en riesgo de ser captados por estructuras criminales, según estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), mientras que en Hidalgo la cifra asciende a cerca de 40 mil.
Las organizaciones también señalaron que el país aún no cuenta con un marco jurídico integral que atienda de forma específica el reclutamiento, por lo que su eliminación a nivel local, sin garantizar la eficacia de los mecanismos federales, podría generar vacíos legales, sobre todo en casos que no encuadran plenamente en el delito de trata, pero sí implican la utilización forzada de menores.
Asimismo, cuestionaron que la iniciativa se justifique bajo el principio del interés superior de la niñez, al considerar que este sólo se cumple cuando existen herramientas legales claras que garanticen la protección y restitución de derechos, reconociendo a las infancias como víctimas y no como sujetos criminalizados.
En ese sentido, recordaron que el Comité de los Derechos del Niño ha exhortado al Estado mexicano a tipificar de manera explícita el reclutamiento infantil, con el fin de prevenir su uso por parte de grupos armados. Derogar este tipo penal a nivel estatal, señalaron, representaría un retroceso y debilitaría la actuación inmediata de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
Ante este escenario, las organizaciones solicitaron al Congreso local frenar el proceso de derogación hasta realizar un análisis técnico con especialistas, abrir un ejercicio de Parlamento Abierto y, en su caso, fortalecer la legislación vigente sin eliminar la visibilidad del delito.
“El reclutamiento debe reconocerse como una forma específica de explotación que requiere mecanismos diferenciados de prevención y protección”, advirtieron.
El pronunciamiento fue suscrito por Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C., quienes señalaron que sin tipificación específica no hay estadísticas claras, sin datos no hay política pública y, en consecuencia, se limita el acceso a la justicia para las víctimas.