Pachuca, Hidalgo | 9 de julio de 2025
En un entorno enrarecido por la mediatización y los señalamientos cruzados, el matrimonio compuesto por Arturo Williams Trejo Leal y Bertha Eva Medina Hernández, así como la hermana de esta última, Alhelí Medina Hernández, comparecieron este miércoles —de manera virtual— ante el Juzgado Penal de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Circuito Judicial de Pachuca, en el marco del llamado caso Zimapán, una investigación que ha causado polarización social y que hoy revive con una segunda acusación formal.
Comparecencia virtual y temores fundados
De acuerdo con los acusados, su presentación se realizó vía remota no como una evasión, sino como una medida para proteger su integridad física y su derecho a un juicio imparcial. “No somos prófugos, enfrentamos la justicia con la certeza de nuestra inocencia, pero con cautela, porque hemos sido objeto de amenazas y presión mediática”, declaró Arturo Williams Trejo, quien actuó como vocero de su familia durante la audiencia inicial.
El activista social acusó directamente a su hermana, Aylén Trejo Leal, de hostigamiento y de estar acompañada por personas vinculadas a sindicatos y grupos que los han “amenazado, ofendido y expuesto” a través de redes sociales, creando lo que calificó como “un ambiente de odio” que ha escalado más allá del plano jurídico.
Doble juicio y acusaciones de uso político
Una de las principales preocupaciones expuestas por Trejo Leal es que esta sería la segunda vez que enfrentan juicio por el mismo delito. “Ya se nos juzgó antes y no se nos halló responsabilidad alguna. Alcanzamos nuestra libertad, y ahora nos vemos forzados a enfrentar otra vez los mismos cargos”, lamentó.
Esta situación, advirtió, podría constituir una violación a derechos fundamentales, sobre todo si se comprueba que hay presión externa sobre las autoridades para emitir una resolución anticipada. En ese sentido, apuntó que desde el círculo de Aylén Trejo Leal “se ha filtrado que la audiencia será vinculatoria”, lo cual —a su juicio— revela el acceso privilegiado a información confidencial y una posible intromisión indebida en el proceso judicial.
Un caso manoseado y polarizado
El caso ha generado alta tensión entre diversos actores sociales, colectivos feministas, agrupaciones civiles y medios de comunicación. Para los acusados, el proceso ha sido “manoseado y mediatizado en extremo”, con lo que aseguran, se ha distorsionado la presunción de inocencia y se ha creado una narrativa pública sin sustento judicial.
Trejo Leal también rechazó los señalamientos que los vinculan con protección gubernamental. “Si el gobierno de Hidalgo nos protegiera, nunca habríamos pisado la cárcel ni estaríamos enfrentando un segundo juicio por el mismo delito”, afirmó.
En el centro del conflicto se encuentran los derechos y el bienestar de las menores involucradas. Tanto los denunciantes como los denunciados aseguran buscar justicia para ellas, aunque las versiones y acusaciones se contradicen profundamente. Mientras una parte habla de revictimización y manipulación institucional, la otra denuncia impunidad y protección a los agresores.