Pachuca.- En apoyo a lo planteado por la representación en el país de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el titular de dicho organismo empresarial en Hidalgo, Juan Manuel Bates Campos, afirmó que las y los empresarios adheridos a la dicha agrupación están en contra de que en la ampliación del catalogo de delitos se incluya a esta figura.
Al mismo tiempo, dijo que entre los riesgos más grandes de estas medidas, es que al aplicar la norma a literalidad limita la capacidad de defensa y la evaluación del caso por parte del juez, se corre el riesgo de que esta figura pueda usarse de forma desproporcionada para objetivos políticos.
Precisó que lo anterior, genera preocupación entre sus agremiados por el impacto potencial que tendría, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2022, ordenó al Estado mexicano eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa, argumentando que vulnera los derechos humanos y contradice el principio de presunción de inocencia.
Aseguró: “Consideramos que ampliación del catálogo de delitos sujetos a la Prisión Preventiva Oficiosa representa un retroceso en la protección de derechos humanos y la adición de la norma a literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa, como el Juicio de Amparo, y restringe la capacidad del ministerio público y del juez para considerar medidas cautelares alternativas, por lo que reiteran su disposición para colaborar con las autoridades en la búsqueda de alternativas que respeten el debido proceso y la presunción de inocencia, principios esenciales en cualquier estado democrático.
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