Pachuca, Hidalgo.— La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo confirmó la presentación de denuncias penales por la toma de sus oficinas centrales y los daños ocasionados, los cuales de manera preliminar ascienden a cerca de 6 millones de pesos, monto que será determinado oficialmente por peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El titular de la dependencia, Natividad Castrejón, advirtió que mientras exista una investigación en curso y haya personas señaladas, no se retomará el diálogo con estudiantes de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal de El Mexe, quienes irrumpieron en el edificio y protagonizaron los hechos.
De acuerdo con el reporte oficial, durante la incursión se registraron actos vandálicos en diversas áreas, entre ellos pintas en oficinas incluida la del secretario, además del saqueo de equipo y documentación oficial.
Las autoridades detallaron que, además de los destrozos materiales, personal administrativo y elementos de seguridad privada permanecieron retenidos por varias horas dentro del inmueble, situación que obligó a la intervención de corporaciones estatales para restablecer el control y garantizar la salida del personal.
El funcionario estatal señaló que la carpeta de investigación se integra con distintos elementos de prueba, incluidos registros videográficos y testimonios, con el propósito de deslindar responsabilidades y determinar la participación de quienes ingresaron a las instalaciones.
En torno al trasfondo del conflicto, el secretario explicó que las exigencias de los normalistas incluyen la recuperación de terrenos históricos, la reasignación de espacios dentro del complejo educativo y la obtención automática de plazas docentes, planteamientos que, sostuvo, requieren revisión bajo los criterios normativos vigentes.
Indicó que la dependencia ha sostenido canales de comunicación institucional con representantes estudiantiles a lo largo de la administración; sin embargo, puntualizó que no existía una reunión formal programada el día de los hechos, por lo que consideró que la inconformidad derivó en acciones fuera del marco legal.
Respecto al polígono educativo donde confluyen distintas instituciones de nivel superior, mencionó que se mantiene un análisis técnico para definir la distribución de espacios, trabajo que se realiza en coordinación con instancias estatales y que permitirá plantear una ruta de solución a mediano plazo.
Castrejón subrayó que, pese a lo ocurrido, las actividades académicas en la entidad continúan desarrollándose de manera regular, con operación en miles de centros escolares distribuidos en todo el territorio estatal.
