Pachuca.– La diputada Carla Perales fijó una postura de cautela frente a la iniciativa que plantea que la próxima elección para la gubernatura sea destinada únicamente a mujeres, al advertir que el tema debe analizarse a fondo para evitar riesgos de inconstitucionalidad y posibles impugnaciones futuras.
La legisladora reconoció que en el país aún existen entidades que no han sido gobernadas por una mujer, lo que hace legítimo el debate sobre acciones afirmativas en materia de paridad; sin embargo, subrayó que cualquier reforma electoral debe construirse con bases jurídicas sólidas. “Tenemos que cuidar muy bien todo el tema constitucional, para no caer en un acto que después pueda venirse abajo”, señaló.
Perales explicó que la responsabilidad central del Poder Legislativo es revisar a profundidad cada iniciativa antes de aprobarla, de modo que esté debidamente fundamentada y genere certidumbre política. Advirtió que una reforma mal sustentada podría afectar la gobernabilidad y la confianza ciudadana en el proceso electoral, incluso cuando el objetivo sea avanzar en la igualdad sustantiva.
En ese contexto, la diputada justificó el sentido de su voto en abstención durante la discusión del dictamen. Aclaró que dicha postura no implica oposición a que una mujer encabece el gobierno estatal, sino desacuerdo con la forma en que se presentó la propuesta. “Fue apresurada, se quiso sacar al vapor, cuando no había una prisa real para hacerlo”, afirmó.
La legisladora consideró necesario que, en el siguiente periodo legislativo, el tema se retome con mayor seriedad técnica, mediante mesas de trabajo y consultas con las instancias jurídicas y electorales correspondientes, a fin de evaluar con rigor su viabilidad constitucional y legal.
Finalmente, Perales se pronunció sobre la duración del eventual mandato. Señaló que, en caso de establecerse una gubernatura encabezada por una mujer, lo ideal sería que el periodo sea de seis años. Advirtió que una administración de solo dos años podría generar escenarios de ingobernabilidad, al resultar insuficiente para implementar un proyecto de gobierno antes de iniciar un nuevo proceso electoral.