Pachuca.-En busca de modificar e incorporar el concepto de “vulnerabilidad diferenciada”, así como para fortalecer la educación en gestión de riesgos desde una edad temprana, con 23 votos a favor, en el Congreso del Estado fue aprobado el dictamen, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado,.
De acuerdo con el diputado, Miguel Ángel Moreno Zamora, la propuesta tuvo su origen en dos iniciativas anteriores, la primera de las cuales fue presentada el ocho de mayo del año en curso, por el legislador Arturo Gómez Canales, mientras que la segunda fue promovida por la diputada María Guadalupe Toscaño y el diputado Avelino Tovar Iglesias el diez de junio de este año, por lo que ambas fueron analizadas y dictaminadas de forma conjunta por la Comisión de Legislación, la cual aprobó por unanimidad el proyecto el pasado 17 del mes en curso.
Moreno Zamora, destacó que en el dictamen final destaca que los desastres naturales -como terremotos, inundaciones e incendios- son impredecibles y devastadores, por lo que resulta fundamental preparar a la población para responder eficazmente ante estos fenómenos que son de los que más estragos han ocasionado a la población, por lo que se acordó la inclusión de contenidos obligatorios de protección civil en todos los niveles educativos ya que representa una herramienta esencial para fomentar la cultura de prevención y resiliencia social,
Al mismo tiempo se introduce el término “vulnerabilidad diferenciada” en la legislación estatal, con el propósito de visibilizar las condiciones particulares de ciertos grupos poblacionales -como personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños, adultos mayores o comunidades marginadas- que requieren atención especial ante emergencias. Este enfoque permitirá desarrollar protocolos específicos de evaluación, acceso a refugios y servicios prioritarios.
Moreno Zamora, destacó que, el dictamen también vincula sus disposiciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, especialmente con el objetivo 11, que promueve ciudades inclusivas, seguras y resilientes. La reforma se alinea además con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, reconociendo la gestión integral del riesgo como una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad civil
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