El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, aseguró que el Ministerio Público se opuso a la suspensión condicional del proceso contra el agresor de Rosaura, quien posteriormente la asesinó junto a tres de sus familiares.
Sin embargo, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEH) sostiene lo contrario: que ni la víctima ni el Ministerio Público se pronunciaron en contra de la medida que permitió la liberación del agresor.
Ante estos señalamientos, Fernández Hasbun afirmó que existen pruebas documentales de que el Ministerio Público sí manifestó su oposición, aunque evitó revelar los argumentos que se esgrimieron en su momento. “Todo está bien grabado”, aseguró el funcionario, sin dar más detalles.
Tanto la PGJEH como el TSJEH han defendido la legalidad de sus actuaciones en este caso, pero la falta de claridad en sus declaraciones genera dudas sobre la responsabilidad de las instituciones en la liberación del feminicida.
En medio de la controversia, Fernández Hasbun pidió paciencia y respeto para el proceso de investigación, asegurando que ya hay avances significativos y que pronto se darán resultados.
El caso de Rosaura y su familia ha generado indignación social y ha puesto bajo escrutinio el actuar de las autoridades de procuración e impartición de justicia en Hidalgo, quienes ahora se contradicen sobre si se opusieron o no a la liberación del agresor antes de que cometiera los feminicidios.