Pachuca.- Autoridades estatales defendieron el operativo policiaco durante la marcha del 8 de marzo, aseguraron que la intervención fue necesaria ante actos violentos que pusieron en riesgo a las manifestantes y a la población. Sin embargo, colectivos feministas denunciaron uso excesivo de la fuerza y represión contra asistentes, incluidas menores de edad.
El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, acompañado del procurador Francisco Hernández Hasbun y el secretario de Seguridad, Salvador Cruz Neri, afirmó que la mayoría de la marcha transcurrió sin incidentes, pero un grupo reducido de personas actuó de manera violenta.
En el recuento dijeron que además de los edificios dañados se registró un saldo de 20 policías lesionados. Además mostraron videos donde, según dijo, se observa a una manifestante rociando gasolina a una oficial con la aparente intención de prenderle fuego.
Por su parte, activistas señalaron que la policía encapsuló, golpeó y gaseó a varias asistentes sin motivo, además de realizar detenciones arbitrarias. También cuestionaron la presencia de un fuerte dispositivo de seguridad que, aseguran, buscó intimidar la protesta. Ante esto, interpusieron quejas ante Derechos Humanos y exigieron sanciones para los elementos que participaron en el operativo.