El reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado a través de redes sociales es una realidad en Hidalgo. Casos recientes en municipios como Cuautepec y la colonia El Arbolito, en Pachuca, han evidenciado cómo menores de edad son inducidos a cometer delitos o presionados para mantenerse dentro de estas estructuras criminales.
Rafael Castelán, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advirtió que muchos jóvenes ingresan a grupos de WhatsApp sin saber cómo fueron añadidos, y desde ahí son contactados por números telefónicos extranjeros. Al inicio, la interacción parece inofensiva, pero gradualmente los adolescentes son manipulados para compartir información personal, imágenes comprometedoras e incluso para participar en actividades ilícitas.
Uno de los casos más alarmantes es el de un menor de 14 años, cuya situación derivó en una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado en agosto del año pasado. A pesar de que Hidalgo es el único estado que ha tipificado el delito de reclutamiento, la denuncia se clasificó bajo el delito de trata de personas, dejando fuera el componente específico del reclutamiento criminal.
Además, se ha detectado que los grupos delictivos utilizan a otros adolescentes para presionar a sus compañeros y obligarlos a mantenerse dentro de estas redes. Castelán señaló que algunos menores reciben hasta cinco mil pesos para “poner” a sus amigos, es decir, delatarlos ante los grupos criminales si intentan salirse.
Falta de denuncias y atención insuficiente
Muchas familias han logrado intervenir y evitar que sus hijos caigan en estas redes, pero en la mayoría de los casos, las situaciones no trascienden a una denuncia formal. Se abordan como “incidencias escolares” sin que se realice una investigación a fondo.
Castelán advirtió que el problema podría ser mayor de lo que se conoce oficialmente, pues no hay un registro específico ni un seguimiento detallado de estos casos. “Sabemos que en Jalisco, Michoacán y otros estados hay adolescentes que desaparecen en busca de mejores oportunidades, pero también pueden ser víctimas de reclutamiento forzado”, alertó.
El papel del gobierno y las autoridades
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo cuenta con una unidad de policía cibernética que tiene la capacidad tecnológica para rastrear estos casos, pero aún falta mayor vinculación entre las dependencias de seguridad y educación para abordar el problema desde una perspectiva de prevención.
El exhorto presentado recientemente busca que la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación trabajen en conjunto para identificar redes de reclutamiento y evitar que los casos sean minimizados dentro de las escuelas. También se busca fortalecer la coordinación con plataformas digitales como Facebook, Instagram y Twitter para rastrear cuentas utilizadas para este tipo de delitos.
“La urgencia de actuar radica en la rapidez con la que operan estas redes criminales. Mientras las autoridades avanzan lentamente en sus procesos, los delincuentes ya han encontrado nuevas formas de atraer a sus víctimas. Si no se refuerzan las acciones de prevención y persecución del delito, el reclutamiento de menores seguirá creciendo en Hidalgo”, concluyó Rafael Castelán.