El Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Noveno Circuito Judicial resolvió que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) deberá pagar 47 millones 65 mil 268 pesos con 49 centavos a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), por adeudos relacionados con el servicio de agua potable y alcantarillado.
Resolución judicial
El monto principal del adeudo corresponde a 37 millones 847 mil 449 pesos con 49 centavos por el suministro de agua en 21 cuentas contratadas por la UAEH. Además, se suman 9 millones 217 mil 819 pesos, debido a la falta de entrega de documentación comprobatoria sobre cursos y talleres que la universidad se comprometió a impartir al personal técnico de Caasim.
Los magistrados Eutimio Ordóñez Gutiérrez, Aníbal Lafragua Contreras y Benjamín Soto Sánchez instruyeron a Caasim a garantizar el suministro de agua en los planteles educativos donde se imparten clases. Sin embargo, en las instalaciones administrativas y de otros usos no relacionados con la educación, el organismo tiene facultades para realizar cortes en caso de incumplimiento de pago.
Derecho al agua y el mínimo vital
La resolución destacó que el derecho al agua es universal y esencial para garantizar la higiene y la salud. Por ello, se estableció un mínimo vital de 30 litros diarios por estudiante, considerando que estas cantidades no pueden ser interrumpidas en las instalaciones educativas.
Contexto del adeudo
El adeudo incluye periodos desde diciembre de 2020 a diciembre de 2021, periodo en que las autoridades universitarias no acreditaron los pagos acordados en especie con la administración estatal anterior. De los tres amparos interpuestos por la UAEH, solo uno fue admitido, y finalmente se resolvió en favor de Caasim.
Llamado a cumplir con el pago
La Caasim exhortó a la universidad a regularizar el adeudo para evitar mayores acciones legales y cortes en las áreas administrativas. Además, subrayó que los pagos contribuyen a la mejora de la infraestructura hidráulica y sanitaria, la cual estuvo abandonada por más de dos años.
La resolución enfatiza el equilibrio entre el cobro justo por los servicios prestados y la garantía del derecho al agua en las instituciones educativas, con el objetivo de priorizar el bienestar de los estudiantes y docentes.