Tulancingo, Hgo.— Las mujeres víctimas de violencia, cuya integridad física o vida se encuentre en peligro, podrán solicitar órdenes de protección inmediata ante el Conciliador Municipal de Tulancingo, sin necesidad de acudir inicialmente al Ministerio Público. Esta medida busca ofrecer una respuesta urgente ante situaciones de riesgo y evitar que las víctimas permanezcan desprotegidas mientras realizan otros procedimientos legales.
El Ayuntamiento informó que esta facultad forma parte de la implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica y Cultura de la Legalidad, así como de las disposiciones aprobadas por las autoridades municipales para reforzar la atención a mujeres, niñas y niños que enfrentan situaciones de violencia. El mecanismo permitirá que el Conciliador Municipal emita medidas precautorias cuando existan circunstancias que representen una amenaza inminente para la seguridad de las personas afectadas.
De acuerdo con las autoridades, las mujeres que requieran protección podrán acudir directamente al Conciliador Municipal, a la Instancia de la Mujer, al Centro Especializado de Atención a la Violencia Familiar (CEAVIF), al Instituto Hidalguense de las Mujeres o al Ministerio Público, según las características del caso. Estas instancias deberán orientar a las víctimas y activar los mecanismos correspondientes para atender la situación de riesgo.
En los casos que sean presentados ante el Conciliador Municipal, este deberá actuar con inmediatez y emitir un acuerdo debidamente fundamentado para establecer las medidas de protección precautorias. El procedimiento deberá apegarse a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, con el propósito de garantizar que las decisiones respondan a las circunstancias particulares de cada caso y no dependan de criterios discrecionales.
Para determinar las medidas necesarias, las autoridades realizarán una valoración interdisciplinaria que permita identificar el nivel de riesgo que enfrenta la persona afectada. También se integrará un expediente para documentar los hechos y dar seguimiento a las acciones institucionales, conforme a un protocolo que establece los procedimientos de atención y coordinación entre las dependencias involucradas.
Una vez expedida la orden de protección, se notificará formalmente a la mujer beneficiaria, a la persona señalada como presunta agresora y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el propósito de que las autoridades correspondientes conozcan las medidas dictadas. Cuando los hechos puedan constituir un delito, también se dará vista al Ministerio Público para que intervenga conforme a sus atribuciones.
Con este mecanismo, el gobierno municipal busca ampliar las vías de acceso a medidas urgentes de protección para mujeres que enfrentan violencia. La efectividad de estas disposiciones dependerá de la rapidez con la que se atiendan las solicitudes, la valoración de los riesgos y el cumplimiento de las medidas por parte de las autoridades responsables.
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