Indígenas, infantes, usuarios de transporte público, feminicidio, aborto, temas de sesión 35 del Congreso de Hidalgo.
Diputados integrantes de la LXIV Legislatura presentaron durante la sesión 35, iniciativas que defienden los derechos de niñas y niños, mujeres embarazadas y no-natos, electorales indígenas y usuarios del transporte público.
El diputado Ricardo Baptista González, coordinador del Grupo Legislativo de Morena y presidente de la Junta de Gobierno de la actual Legislatura, abrió los trabajos para presentar a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de Decreto que suscriben las y los legisladores de su partido para reformar el artículo 5, párrafo decimosexto, fracción tercera de la Constitución Política estatal en materia de derechos político-electorales de mujeres y hombres de origen indígena.
La iniciativa propone reformar el párrafo señalado, para que diga: “Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos o prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del estado, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para el que hayan sido electos o designados; en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales”.
Se trata de una iniciativa que no solo busca reconocer la diversidad étnica y cultural, señaló el diputado, sino hacer válidos sus derechos, emprendiendo acciones afirmativas y progresivas que se sustenten en principios constitucionales. Como estado tenemos la obligación de garantizar los derechos en favor de los pueblos y comunidades indígenas, destacó Baptista.
La iniciativa se presenta bajo la consideración de que los pueblos originarios representan un mosaico de culturas, reconocerlas fortalece nuestra identidad y permite el reconocimiento de que todos somos sujetos de derechos de igualdad, explicó el diputado.
La diputada Rosalba Calva García subió a tribuna para proponer una iniciativa para modificar la Ley de la Familia para el estado de Hidalgo, mediante la cual se consideren en igualdad de circunstancias ambos padres con respecto a la guardia y custodia de niñas o niños menores de 12 años, bajo las consideraciones de que tanto hombres como mujeres son iguales a los ojos de la ley y que el Estado considera el alto interés del niño en cualquier disputa.
“Otorgar la guardia y custodia a la madre exclusivamente contraviene el principio de igualdad; se basa en un estereotipo de géneros que resulta incompatible con el derecho que nos hace jurídicamente iguales”, dijo la legisladora, quien señaló que el juzgado debe estar en condición de determinar si el interés superior del menor es permanecer ya sea con el padre o la madre.
El diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo, del Distrito I Zimapán, presentó por su parte una iniciativa para homologar el delito de feminicidio al Código Penal Federal, pues las acciones de violencia contra las mujeres vulneran los derechos y la dignidad humanos, consideró el legislador, quien añadió que si se identifican los delitos por su género se avanza en temas como discriminación y desigualdad.
La iniciativa propone que el Código Penal estatal se homologue con su versión federal, y que diga: “Comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer”, con el objetivo de lograr que las mujeres vivan en un entorno libre de violencia, señaló el legislador, y añadió que “razones de género” son las que involucran violencia sexual, lesiones o mutilaciones degradantes, violencia familiar, laboral o escolar, relaciones sentimentales, afectivas o de confianza, amenazas, acoso, lesiones anteriores, entre otros.
El documento prevé asimismo pena de 25 a 50 años de prisión y de 300 a 500 días de multa, y tiene como antecedente que en 2018 se registraron más de 25 homicidios por razones de género en Hidalgo.
La diputada María Luisa Pérez Perusquía, del PRI, subió a tribuna para plantear el proyecto de iniciativa para derogar del Código Penal para el Estado de Hidalgo el tipo penal de desaparición forzada de personas estipulado en el Artículo 322 TER, ya que con la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el tipo penal mencionado queda inoperante por el ámbito de aplicación de la Ley General referida.
Asimismo, planteó la reforma del artículo 119 en su fracción XIX del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, con la finalidad de sacar del catálogo de delitos graves la desaparición forzada de personas, toda vez que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, señala la sanción, persecución e imprescriptibilidad de dicha conducta.
El diputado Asael Hernández Cerón, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, sometió a consideración del Pleno la iniciativa de decreto que declara al 28 de julio “Día de la Participación Ciudadana en el Estado de Hidalgo”, con el propósito de desarrollar actividades de difusión y promoción de participación ciudadana, su importancia y trascendencia en la vida pública.
Aunque a últimas fechas se han puesto en práctica estrategias para acrecentar la participación ciudadana, hacen falta espacios para que los ciudadanos conozcan a profundidad los mecanismos de participación y cómo los pueden ejercitar y fomentar su intervención en los asuntos públicos de su comunidad para conseguir que sus opiniones y argumentos sean considerados al llevar a cabo acciones legislativas, asuntos públicos o diseño institucional, enfatizó el legislador.
Los legisladores morenistas Armando Quintanar Trejo, María Corina Martínez García y José Antonio Hernández Vera presentaron un Acuerdo Económico mediante el cual exhortaron al titular del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado diseñen e implementen una estrategia para prevenir, contener e impedir el asalto en el transporte público urbano e interurbano y particular, especialmente en las carreteras Tulancingo-Pachuca, Tulancingo-Pirámides y México-Pachuca.
Los diputados resaltaron en este acto que en años recientes, las principales carreteras de la entidad y aquellas que colindan y dan acceso a otros estados vecinos han sido objeto de robo a usuarios de transporte público, bajo amenazas y a mano armada, en donde los usuarios son despojados de sus pertenencias, y hay registros de que algunos usuarios han sido asesinados dentro de las unidades de transporte.
Pidieron por tanto a las autoridades echar a andar un plan para evitar tales delitos; revisar y llevar a cabo la nulidad o suspensión de las concesiones de las empresas con mayor cantidad de delitos que no han llevado a cabo medidas de seguridad para la protección de sus pasajeros, y se adhieran al Plan Metropolitano del Valle de México para combatir el robo al transporte público, recientemente anunciado por la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Exhortaron asimismo a la Secretaría de Seguridad Pública a coordinar trabajos con su homólogo de Ciudad de México y Estado de México, la Guardia Nacional y la Policía Federal para llevar a cabo un plan contra el robo en el transporte público urbano e interurbano.
La diputada Rosalba Calva subió nuevamente a tribuna para exponer el Acuerdo Económico de la Primera Comisión Permanente de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal, mediante el cual se exhorta a los 84 ayuntamientos del estado para que, en el ejercicio de sus funciones se rijan por los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, mirando siempre por el beneficio y bienestar de la población.
Los diputados Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, Areli Maya Monzalvo, Rosalba Calva García, José Luis Espinosa Silva y José Luis Muñoz Soto, integrantes de la Comisión, aprobaron el proyecto de acuerdo económico del diputado Miguel Ángel Peña Flores, quien expresó que “la corrupción, la inseguridad e impunidad, así como la pobreza y desigualdad que ha dejado el neoliberalismo están presentes en la vida cotidiana, deteriorando la confianza en la democracia”.
La diputada Areli Maya Monsalvo expuso por su parte la optimización y rendición de cuentas, y la cultura de transparencia y acceso a la información que se garantiza por medio del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Hidalgo (IDEFOMM), órgano técnico administrativo del Congreso local, para impulsar el fomento y la colaboración intergubernamental.
La diputada Viridiana Jajaira Aceves Calva, del PES, puso a consideración el Acuerdo Económico mediante el cual la Comisión de Transparencia y Anticorrupción pide al titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado para actualizar y revisar a profundidad la lista de proveedores y contratistas de Gobierno, con el objetivo de comprobar fehacientemente su existencia física, domicilio fiscal y constitución ante notario, con la finalidad de evitar que las empresas fantasmas puedan estar registradas en el Padrón de Proveedores.
Asimismo, a los titulares de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de revisar a profundidad la veracidad de la información que se reporta a través del Registro Federal de Contribuyentes, con relación a la lista de proveedores y contratistas de Gobierno del Estado de Hidalgo, y exhortaron además al titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para que fiscalice los recursos públicos estatales y municipales y demás que sean de su competencia con apego al Padrón de Proveedores.
Susana Araceli Ángeles Quezada presentó “El subestimado derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”, en el que habló del derecho a la salud de todas las personas, así como el derecho a decidir de manera responsable sobre el propio cuerpo. Se preguntó asimismo si los ministerios públicos tendrán la sensibilidad suficiente para tomar decisiones sensibles sobre interrupción de embarazo resultante de violación; cuántas muertes ocurren por intervenciones clandestinas fue otro cuestionamiento de la legisladora.
Aceves Calva volvió a subir a tribuna para respaldar lo anterior, y mencionar que la salud reproductiva tiene que ver con los derechos, libertad y autonomía reproductiva de las mujeres y dijo que el tema debe ser discutido de manera amplia de manera social.
El PAN propone a nivel nacional el respeto a la vida, y es importante que la sociedad sepa la postura de cada partido, poder escuchar a la sociedad en general, y que bueno que existe la posibilidad de la consulta ciudadana, dijo al respecto el legislador Asael Hernández Cerón, quien propuso llevar a cabo foros para que la voz de hombres y mujeres hidalguenses sea escuchada, para que la política pública se realice con base en las mayorías.
La diputada Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno consideró por su parte que no se trata de un tema religioso el asunto del aborto, sino un problema social que tiene que ver con la circunstancia del nacimiento de cada niño, y es también un tema biológico, de saber cuándo se considera que el no-nato es un embrión. Abordó asimismo la penalización de las mujeres que abortan en el país, y pidió la despenalización, la educación sexual y el respeto al derecho de las mujeres.
Areli Rubí Miranda Ayala, legisladora por el PRD, dijo por su parte que no se trata de un tema político, sino de un asunto de derechos humanos, y demandó que no sean los hombres los que decidan sobre el tema, y que se debe abordar desde las perspectivas religiosa, legal y de salud.
La diputada Corina Martínez García subió a tribuna el tema “Primero la ciudadanía”, mediante el cual exhortó al titular del Poder Ejecutivo estatal para que instruya a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que actúe, de acuerdo con sus facultades, para resolver el conflicto entre el Ayuntamiento de Pachuca y su sindicato. Asimismo, pidió se informe al Congreso sobre las acciones realizadas y por realizar para resolver el problema de la huelga, y señaló que parece más bien un conflicto político que no solamente busca mejoras salariales.
El legislador Armando Quintanar Trejo, del Distrito VII Huichapan, con el tema “A 100 días de Andrés Manuel López Obrador”, documento mediante el cual dijo que estamos no ante un simple cambio de representante del Poder Ejecutivo nacional, sino frente al inicio de una nueva forma de representación social, política, económica, cívica, ética e incluso moral.
Por su parte, la legisladora Aceves Calva subió nuevamente a tribuna para señalar que al nuevo régimen político le concede el beneficio de la duda y que espera que el gabinete cumpla con la promesa de no robar, no engañar y no traicionar.
En tanto, el diputado Asael Hernández Cerón dijo que su partido “se ha sumado a las políticas públicas que ayudan al sano crecimiento de nuestro país”. Si al presidente de la República le va bien, a los mexicanos e hidalguenses les irá bien, explicó. Ejemplificó que la propuesta de la Guardia Nacional se logró aprobar con apoyo del PAN, tanto en el ámbito federal como estatal.